Ser profesora de derecho contractual público es una responsabilidad significativa, ya que implica formar a futuros expertos en un campo crucial para el funcionamiento de la sociedad. Este rol no solo conlleva la transmisión de conocimientos legales, sino también la tarea de inculcar valores éticos y promover la comprensión profunda de las relaciones jurídicas en el ámbito público. La enseñanza de esta disciplina contribuye al desarrollo de profesionales capaces de manejar con destreza las complejidades legales en contratos públicos, asegurando así la transparencia, eficiencia y equidad en las interacciones entre el gobierno y los ciudadanos.